EN LOS MISMOS PAÍSES EN LOS QUE SE
REGISTRAN LAS TASAS MÁS ALTAS DE ASESINATOS POR VIOLENCIA DE GÉNERO Y LAS
MAYORES PROPORCIONES DE EMBARAZOS ADOLESCENTES, LAS MUJERES HAN LOGRADO LOS MÁS
ESPECTACULARES NIVELES DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA FEMENINA DEL MUNDO.
Latinoamérica,
un subcontinente marcado por la desigualdad, pero también por el éxito
económico en plena crisis, maltrata a sus mujeres y, al tiempo, estas están
alcanzando unas cuotas de poder desconocidas incluso en la mayor parte de los
países europeos, donde, por ejemplo, aún no han conocido a una presidenta o
primera ministra electa, algo que en esta zona del planeta quedó ya inaugurado:
1.
En 1990 con Violeta Chamorro en Nicaragua y que hoy empieza a ser un
hecho poco menos que ordinario.
2.
En este momento, el 40% de la población del subcontinente
americano está gobernado por mujeres: Dilma Rousseff en Brasil, Cristina Fernández en
Argentina y Laura Chinchilla en
Costa Rica.
3.
Se postula con posibilidades para ocupar la presidencia de la
república la mexicana del partido gobernante, PAN, Josefina Vázquez Mota. En caso de que en julio ganara las
elecciones, el porcentaje de ciudadanos latinoamericanos gobernados por
mandatarias se elevaría al 60%. De nuevo, el gran contraste latinoamericano
quedaría más al descubierto siendo México un país en el que aún hay Estados que
justifican los crímenes por honor y en el que hay zonas donde las mujeres son
perseguidas, torturadas y salvajemente asesinadas en aquelarres de sangre que
están devastando a una parte importante del país.
Al margen de la extrema violencia en la que ha sumido el
narcotráfico y la corrupción a algunas regiones, México registró en 2009 un
total de 1.858 asesinatos machistas, una cifra del Instituto Nacional de las
Mujeres que no figura, sin embargo, en las estadísticas oficiales que recopila
la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el
Caribe). En tales estadísticas se observan elevadísimos índices de muerte de
mujeres a manos de su pareja o expareja, con récords impresionantes en países
como San Vicente y las Granadinas, Uruguay y la República Dominicana.
En México, a la violencia de género se une el asesinato de
mujeres fuera del ámbito familiar en lo que se conoce como feminicidio, un fenómeno
que conmociona al mundo entero y por el que el Gobierno de la república ha sido
condenado por no perseguir a los culpables ni proteger suficientemente a las
víctimas por parte de la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos. En ese mismo
país las mujeres gozan hoy de un tirón electoral incuestionable, razón por la
cual Josefina Vázquez Mota parece
verse obligada a advertir: “No quiero llegar a la presidencia solo por ser
mujer, sino por lo que propongo”.
¿Cuál es la razón de que en Latinoamérica haya un contraste tan
pronunciado sobre el estatus de las mujeres?“ Ah, esa es la pregunta del
millón”, responde María Jesús Aranda, exdefensora del pueblo de Navarra y ahora
asesora de género de la Segib (Secretaría
General Iberoamericana). Es la pregunta del millón porque Aranda no cree que
los patrones machistas de Latinoamérica sean distintos de los del resto del
mundo. Señala el alto índice de abandono escolar, la alta mortalidad materna
(relacionada por lógica con esa carencia educativa) y la ausencia de datos
suficientes para conocer en profundidad, por ejemplo, el fenómeno del
feminicidio, que la Segib está analizando. Tampoco hay datos exhaustivos
todavía para saber si la violencia contra las mujeres está en aumento o, por el
contrario, decrece. De momento, sobre el feminicidio solo hay una foto fija,
aunque algunos análisis señalan que hay un repunte importante, sobre todo en el
llamado triángulo negro (El Salvador, Honduras y Guatemala), una zona (junto con
México y Costa Rica) en la que se registra un boyante mercado regional de
explotación y trata de mujeres.
Junto a realidades sociales de una crudeza pavorosa, hay datos
muy positivos que mueven a la esperanza. Aranda habla de la mejora educativa de
las latinoamericanas. María Emma Mejía, exministra colombiana de Educación y de
Exteriores y ahora secretaria general de Unasur (Unión
de Naciones Suramericanas), también lo destaca.
“En educación superior se ha superado a los
hombres. El 53% de los universitarios son mujeres. Estas están ocupando puestos
de poder muy importantes y cuando eso sucede se producen los cambios
legislativos más importantes.
El caso de Michelle Bachelet en Chile es ejemplar a este respecto.
Durante su mandato se hicieron logros sin precedentes, como el derecho al
divorcio”.
Bachelet, tras una dura
batalla, logró también que se aprobara el uso de la píldora del día siguiente
para reducir el número de embarazos adolescentes, un fenómeno que lastra
profundamente las expectativas vitales femeninas. Pero las derrotas de
mandatarias como la chilena para mejorar las condiciones de vida de la
población femenina son también sonadas. En plena campaña electoral, Dilma
Rousseff concedió una entrevista a Marie Claire en
la que afirmaba que el aborto es “una cuestión de salud pública” y añadió que
hay demasiadas mujeres en Brasil que mueren por abortar en circunstancias
precarias. La presión de los católicos y de las iglesias evangelistas le obligó
a desdecirse y a renunciar a cualquier proyecto de despenalizar el aborto en un
subcontinente en el que solo hay ley de plazos en Cuba y Ciudad de México y en
el que los casos de adolescentes violadas y obligadas a ser madres no son
extraordinarios. Ocurre, aunque no solo, en la Nicaragua de Daniel Ortega,
donde ni siquiera se puede recurrir al aborto en caso de violación. En
Argentina, Cristina Fernández ha logrado legalizar el matrimonio homosexual, pero
el Parlamento ha rechazado finalmente la ley de plazos que hubiera permitido el
aborto y puesto freno a la sangría de los abortos clandestinos. En
Latinoamérica mueren cada año 4.000 mujeres en los cuatro millones de abortos
ilegales que se registran. Los índices de maternidad adolescente son
elevadísimos. Los de Nicaragua, Honduras o Panamá (los más altos de
Iberoamérica) casi multiplican por 10 los que se registran en España o en
Portugal, según los datos del Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL.
Detrás del yugo que oprime a las
latinoamericanas está la férrea alianza entre la Iglesia y las clases
dirigentes. La presión social es tan fuerte que, según la periodista de Clarín Matilde Sánchez (artículo de EL PAÍS
del 10 de febrero de 2011), lleva a la paradoja de que las mujeres tengan
poder, pero no disfruten a nivel social de auténtica igualdad debido a la
estructura conservadora de las familias y el papel de la mujer dentro de ellas.
Para
Walda Barrios-Klee, asesora de la Unión Nacional de Mujeres
Guatemaltecas, la extraordinaria violencia que sufren las mujeres
sería achacable, sin embargo, a su mayor independencia. Su mayor protagonismo
en las esferas de poder, según María Emma Mejía, se debe a una férrea voluntad
política (11 países han establecido cuotas femeninas) y a la peculiar fuerza de
las latinoamericanas. “Recuerdo que
durante las negociaciones de paz [en Colombia] tuve mucho contacto con el medio
rural y es verdad que ahí a las primeras que sacaban de la escuela era a las
niñas, pero también que casi la totalidad de los liderazgos sociales contra los
narcotraficantes, por ejemplo, eran femeninos”, cuenta Mejía.
Frente a la corrupción
(principal generadora de la extrema violencia) que azota algunas áreas de
América Latina, las mujeres son
percibidas por las poblaciones de los distintos países como buenas gestoras.
Los sondeos realizados por la CEPAL demuestran una opinión favorable hacia el
liderazgo femenino, que intentan frenar, sin embargo, los grandes partidos,
según datos de esas mismas encuestas. “Se
las percibe como más eficaces, más comprometidas y más comprensivas”, puntualiza
Mejía, “algo que yo creo que es universal y veo también en el liderazgo de
Angela Merkel en Alemania, por ejemplo”.
Ellas pueden ser implacables también contra las irregularidades,
y a este respecto se utiliza el ejemplo de la presidenta brasileña, Dilma
Rousseff, que ha soportado la difícil prueba de prescindir durante su primera
etapa de mandato de hasta siete ministros acusados de corrupción.